Este viernes se celebrará una audiencia crucial en el Juzgado de Control de Detención N°1, donde el juez Santillán Iturrez deberá decidir si Mario Rodrigo del Campo, sindicado como el principal organizador de una mega banda dedicada a estafas, continúa detenido junto a sus presuntos colaboradores más cercanos.

Junto a Del Campo, permanecen alojados en el Penal de Miraflores Gastón Darío Agulles (40), Juan Pablo Collantes (42), José Wilfer Vega (48) y la abogada Grisel Gordillo (41), todos acusados de integrar el núcleo central de una organización delictiva dedicada a defraudar mediante maniobras vinculadas a inmuebles y procesos judiciales.

En contraste, otros cuatro involucrados —Dennis Nieva Chayle, Luis Ricardo Bulacio, Héctor Enrique Varela Martínez y Maximiliano Martín Echaverría— recuperaron su libertad bajo caución juratoria mientras continúa el proceso judicial.

Empleados judiciales bajo la lupa

Uno de los aspectos más delicados del caso es la participación de siete empleados judiciales, actualmente suspendidos sin goce de haberes por un plazo inicial de dos meses. Se espera que en los próximos días, el tribunal de la Sala de Sumario emita una resolución sobre su situación administrativa y el posible avance de los sumarios internos.

Una red con múltiples ramificaciones

La investigación revela que la banda operaba mediante una elaborada red de contactos en distintos organismos estatales y privados. Según las pruebas recolectadas, la maniobra se iniciaba en dependencias como la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad, donde los acusados accedían ilegalmente a datos de propiedades, títulos y documentación sensible.

A partir de esta información, los implicados habrían saneado títulos para luego apropiarse de bienes mediante procedimientos judiciales fraudulentos, sin que las víctimas fueran notificadas. La causa sostiene que empleados de juzgados comerciales y de ejecución colaboraban filtrando datos procesales y asegurando un trámite favorable para la organización.

Incluso, se habría manipulado la designación de martilleros para ejecutar remates en condiciones ventajosas para la banda, mientras que empleados de las oficinas de notificación se encargaban de que los deudores jamás fueran informados formalmente. Como resultado, las víctimas solo descubrían el fraude al sufrir el embargo de su salario o el secuestro de un vehículo.

Participación de fuerzas de seguridad

El accionar delictivo también involucraba a miembros de las fuerzas de seguridad, quienes no solo figuraban como titulares de créditos o testaferros, sino que cumplían funciones de seguimiento y vigilancia. Documentaban los movimientos de los deudores, fotografiaban sus bienes y coordinaban operativos de embargo junto a los martilleros.

La investigación sigue avanzando y podría derivar en nuevas imputaciones. Mientras tanto, la audiencia del viernes se presenta como un punto clave para el rumbo de la causa judicial más compleja y escandalosa de los últimos años en la provincia.