La comunidad universitaria de todo el país se prepara para una jornada de fuerte movilización tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, norma que había sido aprobada en el Congreso con amplio respaldo. La medida desató un inmediato rechazo en las universidades nacionales, que advierten sobre el impacto que tendrá en salarios, becas, programas de investigación e infraestructura.

Las federaciones docentes y no docentes confirmaron un paro nacional acompañado de clases públicas, radios abiertas y marchas en las principales ciudades. Además, ya se organiza una Marcha Federal Universitaria que se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la insistencia legislativa frente al veto presidencial.

Para los sectores movilizados, la decisión del Ejecutivo implica un golpe directo a la educación pública. Aseguran que el congelamiento de fondos y la falta de previsibilidad presupuestaria ponen en riesgo el funcionamiento básico de las universidades, en un contexto donde los salarios han perdido gran parte de su poder adquisitivo y donde la infraestructura edilicia muestra signos de deterioro.

“Estamos defendiendo no solo a quienes trabajamos y estudiamos en las universidades, sino al derecho del pueblo argentino a acceder a la educación pública y gratuita”, remarcan desde los espacios estudiantiles, que ya planifican actividades de visibilización en las calles, con la consigna de abrir las aulas a la sociedad para demostrar la importancia del sistema universitario en el desarrollo nacional.

La tensión crece mientras los gremios anticipan que no se trata de una protesta aislada, sino del inicio de un plan de lucha que buscará articular con otros sectores sociales y sindicales. La universidad pública, sostienen, está en riesgo y la respuesta será masiva y sostenida en el tiempo