Las recientes decisiones del Gobierno Nacional respecto a la flexibilización de controles fiscales y bancarios han encendido alarmas entre especialistas tributarios y economistas. Uno de los primeros en expresar su preocupación fue el contador Marcos Kon, reconocido tributarista, quien aseguró que estas políticas representan “un tiro en el pie” para el sistema impositivo argentino y abren la puerta a una economía cada vez más informal.

“La eliminación de los reportes automáticos de movimientos bancarios, la posibilidad de realizar compras millonarias en efectivo sin dejar registro, y la desarticulación de mecanismos que permitían vincular ingresos con gastos, debilitan la transparencia del sistema”, señaló Kon en declaraciones públicas.

La estrategia: más informalidad, menos control

Según Kon, la supuesta intención detrás de estas medidas es atraer divisas no declaradas al circuito formal, en un intento de fortalecer reservas sin acudir al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, advierte que el efecto podría ser exactamente el opuesto: fomentar una avalancha de operaciones en negro.

“Ahora cualquiera podrá dibujar sus ingresos y consumos como quiera. Esto destruye el principio básico de trazabilidad que debería sostener cualquier sistema fiscal serio”, explicó el tributarista.

La nueva normativa permitiría, entre otras cosas, que se realicen pagos de hasta 10 millones de pesos en efectivo en comercios, sin que sea obligatorio emitir una factura o identificar al comprador. “¿Quién va a pedir una factura en esas condiciones?”, cuestionó Kon, advirtiendo que esta situación pone en clara desventaja a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

Otras voces del sector: “Se desarma el andamiaje institucional”

El economista y exdirector de la AFIP, Ricardo Echegaray, coincidió en que estas medidas representan un retroceso en términos de equidad tributaria. “Se está desmantelando el andamiaje institucional que tardó décadas en construirse. Argentina necesita más control y mayor formalización, no menos”, afirmó en una entrevista con El Cronista.

Desde la Universidad de Buenos Aires, la doctora en Ciencias Económicas Mariana Rapoport también advirtió sobre el impacto social de estas decisiones: “Cuando se debilita el control fiscal, el mensaje es que quien cumple es un ingenuo. Eso erosiona la confianza en el Estado y genera una cultura de incumplimiento generalizado”.

En tanto, desde la Fundación Argentina para el Desarrollo Económico (FADE), su director, Juan Pablo Cavo, señaló que “la economía en negro ya representa entre el 35% y el 40% del PBI. Medidas como estas pueden llevar ese número aún más arriba, y con ello se reduce la base imponible, se perjudican las finanzas públicas y se ahonda la desigualdad”.

El debate ideológico: ¿libertad o caos?

Una de las aristas más controvertidas del debate es el enfoque ideológico detrás de las medidas. Algunos funcionarios del oficialismo han argumentado públicamente que “los impuestos son un robo” y han relativizado la evasión fiscal, en lo que expertos consideran un discurso extremadamente peligroso.

“El sistema fiscal no es una imposición arbitraria, es el contrato social que permite que existan escuelas, hospitales y justicia. Decir que evadir es un acto de rebeldía o heroísmo es socavar el fundamento del Estado moderno”, opinó Kon.

Conclusión: riesgo de retroceso estructural

Las medidas impulsadas por el Gobierno, que aún deben ser reglamentadas por el Banco Central y la AFIP, podrían tener efectos estructurales difíciles de revertir. “No se trata solo de decisiones técnicas. Se está redefiniendo el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Y si ese vínculo se basa en la desconfianza y la informalidad, el país entero pierde”, concluyó Rapoport.

El futuro inmediato del sistema tributario argentino dependerá no solo de las normativas que se implementen, sino también del consenso social que logren. Por ahora, la alerta está encendida.